Su evaluación jurídica es compleja, porque la decisión es compatible con el derecho europeo actual y con las convenciones de derechos humanos, pero viola principios largamente establecidos del derecho internacional. Un juicio sobre esta cuestión es sólo para conversos y no convencerá a nadie de la vereda de enfrente.

Por cierto, quienes cuestionan la decisión porque constituye una violación de la soberanía chilena olvidan que toda la doctrina actual sobre derechos humanos subordina la soberanía a la defensa de estos derechos. Y quienes cuestionan la decisión señalando acertadamente que responde a un doble estándar (ya que los europeos jamás enjuiciarían a un chino o a un ruso responsables de crímenes de lesa humanidad) olvidan que toda defensa internacional de los derechos humanos sigue una lógica similar. Cuando en 1977 el presidente norteamericano James Carter sancionó a la Argentina y Chile por violaciones sistemáticas de derechos humanos, señaló explícitamente que no lo hacía con Corea del Sur, que también lo merecía, porque hacerlo sería demasiado costoso para los intereses estratégicos de los Estados Unidos. A pesar de ello, la causa de los derechos humanos hubiera retrocedido si Carter se hubiese abstenido de sancionar a la Argentina y Chile por un afán de coherencia. La misma lógica se aplica respecto del enjuiciamiento de terroristas de Estado: se hace donde se puede, cuando se puede.

La maniobra anglo-española es, sin embargo, hipócrita y condenable, pero no por la violación de la soberanía chilena, ni porque sea parte de una justicia que aplica una vara doble, sino porque su resultado es dañar la duramente conseguida democracia chilena, que los cruzados de los derechos humanos deberían defender. El error es político, no jurídico, pero el error político es de tal magnitud que se convierte en un error moral. Antepone el deseable objetivo de darle a Pinochet su justo castigo al objetivo superior de asegurar el bienestar democrático del pueblo de Chile. Parecería que para los europeos Pinochet es más importante que Chile.

A la vez, los europeos ganan presentándose ante el mundo como la vanguardia de la justicia, arrestando a un terrorista de Estado.

Con la próxima instauración del euro, la Unión Europea estará próxima a convertirse en un cuasi Estado que será también una superpotencia económica, pero que aún carece de un sentido de identidad común y de una misión histórica. Con el espectacular enjuiciamiento de Pinochet, la Europa responsable de las guerras más asesinas de este siglo recupera su "misión civilizadora". ¿Qué puede importarles dañar la democracia chilena frente a semejante beneficio?

El progreso de una justicia globalizada es bueno, necesario e inevitable, pero requiere responsabilidad. La violación de la soberanía y la vigencia de estándares dobles es lo de menos. Lo que no puede tolerarse es que la saña justiciera frente a un déspota que merece castigo se descargue a expensas de la estabilidad de una democracia. Esto es lo que denota hipocresía y frivolidad.

No obstante, gracias al imparable pero contradictorio avance de la globalización de la justicia, llegará el día en que un dictador latinoamericano del estilo de Videla o Pinochet no será más que un pintoresco dato histórico irrepetible, y ésta es una cosa buena

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