Los enigmas de una obligación moral

Si hay un reproche que el gobierno de Chile merece, es por la hipocresía elitista de invocar razones de compasión humanitaria para demandar la libertad del tirano.

Quizás merezca compasión un anciano y chorro común, pero no el sanguinario dictador chileno.

Si hay un reproche que el juez español don Baltazar Garzón y el gobierno británico se merecen, es que valoran más la satisfacción de su saña justiciera que la estabilidad democrática de Chile. Es un ejemplo paradigmático de imperialismo en el ámbito de lo moral. Si hay una certeza acerca del procedimiento del juez español, es que su esfuerzo por extraditar a Pinochet es impecablemente legal. Se basa en una ley española de 1985 que establece un principio de extraterritorialidad para los genocidas extranjeros que, habiendo cometido sus delitos en su país, incluyeron a ciudadanos españoles entre sus víctimas. Y se apoya en la convención europea de extradición de 1991, que establece que ordenada la captura de un sujeto investigado por un magistrado europeo, las autoridades de otro país europeo deben detenerlo.

Si hay una incertidumbre acerca de la extradición, es cuál va a ser la actitud del Estado español en la próxima etapa del trámite. La convención europea de extradición establece que el pedido de extradición mismo debe ser formulado por el Estado del juez interviniente. El Estado español puede negarse a pedir la extradición y ello sería perfectamente legal.

Si hay una duda acerca de la pertinencia jurídica de extraditar a Pinochet, radica en si la figura de "genocida" corresponde a los delitos del tirano. Tradicionalmente el genocidio se definía como el "exterminio sistemático de un grupo social por razones de raza o religión", pero recientemente la Real Academia Española ha agregado el exterminio de un grupo por causas políticas dentro del concepto. Depende de la discrecionalidad de los tribunales si la desaparición de más de tres mil personas en Chile es genocidio o terrorismo de Estado. Si Pinochet es un terrorista, pero no es un genocida, la ley española de 1985 es inaplicable.

Si hay un condicionante político y económico que conspira contra la extradición de Pinochet, éste es que en 1997 a España le correspondió el 21,3% de las inversiones extranjeras realizadas en Chile. El total es de varios miles de millones de dólares. El gobierno de Chile puede boicotear a España, y políticamente está obligado a solidarizarse con los reclamos de la derecha de su país a fin de limitar el daño a las instituciones causado por la detención del dictador.

Si hay un condicionante político que opera a favor de la extradición de Pinochet, éste es que la opinión pública y el Parlamento Europeo favorecen el enjuiciamiento del dictador.

Si hay una certeza de orden pragmático, es que el gobierno argentino está obligado a solidarizarse con el de Chile.

Si hay una certeza de orden moral, ésta radica en que la prisión de Pinochet es una obligación moral absoluta.

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